Este jueves, 5 de marzo de 2026, los senadores integrantes de la Coalición Republicana confirmaron la decisión de convocar a una interpelación al Ministro del Interior, Carlos Negro, para abordar la crítica situación de seguridad en el país. El senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado e impulsor de la iniciativa, declaró que «la inseguridad en Uruguay ha alcanzado niveles que ya no se pueden tolerar».
Bordaberry señaló que la preocupación por la seguridad ha sido un tema recurrente en las discusiones de la Coalición Republicana. Afirmó observar un «inmovilismo» y una «importante ausencia de sentido de urgencia» por parte del Ministerio del Interior.
El legislador colorado criticó que el Frente Amplio asumiera el gobierno hace un año sin un plan de seguridad definido. Expresó su sorpresa al indicar que «nunca antes había presenciado en el país, y menos en una cartera tan vital como la del Interior, que se asumiera el cargo sin un plan, cuya estrategia fuera la elaboración de un plan posterior».
Bordaberry aseguró haber tenido una «paciencia ilimitada» ante lo que describió como la «improvisación» del gobierno en materia de seguridad pública. Insistió en que «el plan no existe y los problemas de seguridad que enfrentan los uruguayos no pueden seguir esperando».
En su argumentación, el senador sostuvo que un ministro del Interior debe «liderar la lucha contra la delincuencia» y «encabezar a la Policía para salvaguardar efectivamente a los ciudadanos». Cuestionó la actuación del actual ministro, atribuyendo su presunta inacción a la falta de un rumbo claro, evidenciada por la elaboración en curso de un plan.
La interpelación a Carlos Negro se estructurará en torno a cinco áreas principales: el Plan Nacional de Seguridad Pública; el crimen organizado, homicidios y control territorial; los delitos contra la propiedad, ciberdelitos y nuevas modalidades criminales; el sistema penitenciario, rehabilitación y gobernanza carcelaria; y los recursos humanos, gestión institucional y reformas normativas.
Por su parte, el senador nacionalista Javier García respaldó la decisión, manifestando que el gobierno «ha perdido la conexión con la realidad» y ha ofrecido respuestas insuficientes frente a la criminalidad, considerada el principal problema para los ciudadanos uruguayos. García recordó que la oposición presentó aportes y propuestas concretas en materia de seguridad durante los diálogos convocados por el Poder Ejecutivo. Enfatizó que «ha llegado el momento de exigir una reacción del gobierno, para que abandone el quietismo y la inacción en el combate al crimen».
