El astillero Cardama presentó formalmente su rechazo a la rescisión del contrato por las patrulleras oceánicas, decisión tomada por el gobierno de Yamandú Orsi. En un documento remitido al Estado uruguayo el 13 de marzo, la firma española calificó la actuación estatal como «incongruente», «una improvisación prepotente» e «ilegítima».
El escrito acusó al Estado uruguayo de un «proceder abusivo y malintencionado», asegurando que nunca mostró interés en atender ninguna de sus justificaciones.
Asimismo, la empresa argumentó que la intención del Estado de procurar una indemnización por el supuesto incumplimiento contractual es el «corolario» de una gestión «errática, confusa e incorrecta», reflejo de «actitudes tozudas» y «desprecio por la legalidad».
Cardama urgió a Uruguay a realizar todas las gestiones necesarias para retirar de sus instalaciones las secciones ya construidas de las patrulleras oceánicas, las cuales, según la empresa, «ocupan buena parte» de su astillero.
La controversia provocó la reacción del diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, quien en su cuenta de X manifestó: “¿Donde están los soldaditos del (prosecretario) Jorge Díaz cuando los necesitamos? Probablemente se nos venga: 1) arbitraje internacional, 2) indemnización a la empresa, 3) patrulleras que van a costar el doble, 4) el frente marítimo a merced de los narcos y pescadores chinos, quién sabe hasta cuándo. Pensaron en todo, menos en los intereses del país”.
