La empresa naval española Cardama ha iniciado un proceso de arbitraje a nivel internacional en contra del Estado uruguayo, a raíz de la rescisión del contrato para la construcción de patrulleras oceánicas. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, manifestó la «tranquilidad» del gobierno ante esta situación, asegurando que el camino recorrido se ha mantenido «apegado al derecho».
Sánchez calificó la petición de Cardama de recurrir a un arbitraje internacional como «débil», argumentando que es requisito agotar previamente las vías legales nacionales. Cabe recordar que, en marzo, el astillero optó por retirarse de la conciliación judicial iniciada con el Estado de Uruguay, mediante la cual procuraba una compensación económica por la terminación del acuerdo. Adicionalmente, la empresa no apeló la rescisión.
El jerarca interpretó que la ausencia de una apelación se debe a la «seriedad, transparencia y responsabilidad» con que el Estado uruguayo manejó el proceso. A diferencia de la administración anterior, que, según Sánchez, careció de controles suficientes para evaluar la solvencia de la empresa y la presentación oportuna de garantías, el actual gobierno actuó con cautela. «Para nosotros lo tomamos con mucha tranquilidad», reiteró, añadiendo que, si bien la empresa está en su derecho de buscar las vías que considere pertinentes, el Ejecutivo se mantiene «muy tranquilo» por haber actuado «muy apegado al derecho nacional».
