La Tribuna del Agro en El Observador dedicó un espacio de análisis a un tema de crucial importancia: el gasto público. Luis Romero Álvarez, en su reciente columna, expresó una profunda inquietud por el silencio gubernamental ante el gasto público excesivo, identificándolo como la raíz de los desafíos más serios que enfrenta Uruguay como nación.
Álvarez inicia su reflexión destacando la fuerza inherente a las palabras. Inspirado en la idea bíblica del «principio fue la palabra», subraya que estas poseen el poder de construir o destruir, de sanar o herir, y que lo que se expresa (o se omite) es el primer paso hacia la acción o la inacción. Esta premisa se vuelve fundamental al abordar la realidad económica del país.
La situación económica de Uruguay es, a su juicio, insatisfactoria. La falta de un pronunciamiento oficial sobre el exceso de gasto público es alarmante. Este gasto desmedido y su ineficiente calidad obligan a mantener impuestos muy elevados (que aún así resultan insuficientes) y a incurrir en una deuda creciente, comprometiendo los ingresos de las futuras generaciones. Un camino insostenible a largo plazo.
El exceso de gasto genera inflación. Para combatir este síntoma —similar a tratar una fiebre sin erradicar la infección subyacente— el Banco Central del Uruguay emite letras con altas tasas de interés. Esta medida, que el autor compara con un «Causalon» para la fiebre, tiene un costo anual para el país de US$ 850 millones, un gasto que considera infructuoso si no se ataca la causa principal. Además, estas políticas agravan el atraso cambiario, encareciendo el país y frenando el turismo, las exportaciones, la llegada de inversiones y la creación de empleo.
Romero Álvarez enfatiza que esta realidad no responde a ideologías políticas; es un hecho innegable: el problema central de Uruguay reside en el exceso y la baja calidad del gasto público.
Se recuerda cómo figuras destacadas de gobiernos anteriores, como Danilo Astori, señalaban la existencia de un excedente de empleados públicos. Si en aquel entonces, con una plantilla menor, se hablaba de 80.000 funcionarios de más, la pregunta es aún más pertinente ahora que la cifra supera los 300.000. Líderes como Tabaré Vázquez y José Mujica también reconocieron la reforma del Estado, y la reducción de funcionarios, como una prioridad. Sin embargo, el actual ministro Gabriel Oddone ha indicado que no existe un «mandato» para reducir el gasto, un argumento que contrasta con el hecho de que este gobierno sí ha implementado nuevos impuestos y aumentado otros.
El autor advierte que, de no enfrentarse con valentía el verdadero problema, la política económica inevitablemente «derrapará». El esperado crecimiento económico no llegará, al igual que no le ocurrió a Mauricio Macri por no tomar decisiones contundentes, a diferencia de lo realizado por Javier Milei. Las inversiones, argumenta, no se atraen por decreto, sino por la confianza de los empresarios en la aplicación de políticas correctas, lo que dista de simplemente aumentar la recaudación para gastar más.
La solución pasa por reducir el gasto público. Es crucial, como señaló Astori, empezar por reconocer públicamente esta necesidad. La trayectoria actual —con salarios aumentando un 6% y un dólar en mínimos y a la baja (situación agravada por decisiones gubernamentales)— conducirá a una desaceleración económica, un déficit creciente, la fuga de inversiones y una espiral negativa que solo podría revertirse por un improbable boom de commodities.
Por ello, se dirige un respetuoso llamado a las autoridades: al presidente Yamandú Orsi y al ministro Oddone, para que inicien el camino reconociendo la necesidad de reducir el gasto público. Es la verdad, y la verdad, concluye, los hará libres.
