Desde Gaetán, Un Solo Uruguay (USU) llevó a cabo una nueva edición de su tradicional encuentro anual del 23E. En la proclama del evento, el movimiento subrayó que «no pedimos que el Estado desaparezca, pedimos que sea eficiente», una consigna central que ha caracterizado sus manifestaciones cada 23 de enero desde su inicio en Santa Bernardina, Durazno, en 2018.
El texto leído por la maestra Noelia Espinosa Zabaleta, quien ejerce en Casupá, demandó un Estado «que cumpla con sus funciones básicas, que deje de hacer aquello que no le corresponde y que obstaculiza la producción y el día a día de los uruguayos». Una de esas tareas primordiales, «hoy claramente incumplida», según la proclama, es «garantizar la seguridad ciudadana». Se señaló que, mientras la delincuencia opera impunemente, el ciudadano cumplidor se ve «acosado por impuestos, multas y miedo».
La elección de Gaetán, un pequeño poblado de Lavalleja cercano al emplazamiento de la proyectada represa de Casupá –obra diseñada para fortalecer el suministro de agua del área metropolitana del sur del país– tuvo como objetivo dar voz a las cerca de 80 familias, muchos de ellos productores y trabajadores rurales, cuyas vidas se ven impactadas. USU manifestó su «solidaridad» con estos habitantes, criticando que «no se puede construir futuro castigando a quienes viven y trabajan en el campo», y que el problema hídrico no se resuelve con «medidas injustas, improvisadas, alejadas de soluciones serias y sostenibles para el país».
El movimiento también centró su atención en la «pérdida sistemática de competitividad». Se señaló que «Uruguay sigue siendo un país caro para invertir y para vivir», con tarifas que «no reflejan eficiencia, sino necesidades de caja del Estado». Producir en Uruguay, afirmó USU, «cuesta más que en cualquier país vecino», lo que resta capacidad para competir en los mercados internacionales. La proclama destacó, además, cómo los costos de la energía inciden en los presupuestos familiares y en el precio de los bienes, impulsando el costo de vida y la pobreza. La diferencia entre los costos internos y el valor de la producción a nivel global «está asfixiando la rentabilidad» de las exportaciones y del comercio local.
USU sostuvo que la economía uruguaya se encuentra «indexada», con un ritmo de precios que sigue al del Estado, dejando a productores, comerciantes y exportadores «atrapados entre precios internacionales» incontrolables y «costos internos que no paran de crecer». La organización enfatizó que el déficit fiscal no debe combatirse con «más presión tributaria sobre el sector privado, sino con eficiencia». Se instó a una «reforma profunda que reduzca el costo de la estructura política y administrativa del Estado», señalando que «cada trámite innecesario, cada permiso absurdo y cada regulación obsoleta» actúan como «impuestos invisibles» que restan tiempo al trabajador y limitan la innovación emprendedora.
En este escenario, USU lamentó que «conflictos mal encauzados y posturas inflexibles» hayan derivado en «consecuencias graves»: el descarte de leche, la interrupción de la faena, la paralización de puertos y la «desconexión del país del mundo». El desenlace, se afirmó, es invariablemente el cierre de empresas, la pérdida de empleos y un país «rehén de enfrentamientos que no conducen a soluciones». No obstante, la proclama resaltó el «ejemplo histórico» de la pesca, un sector que, tras una crisis profunda, logró revertir su situación límite mediante la «unión de trabajadores, empleadores y sociedad en general», probando que el diálogo y la voluntad de trabajar conjuntamente son esenciales para salir adelante.
La organización alertó que «Uruguay se está apagando» por la ausencia de condiciones que permitan a los jóvenes permanecer en sus localidades o en el propio país, e incluso por la emigración de aquellos inmigrantes que lo habían elegido. Esta «señal grave» subraya una preocupación primordial: la educación. La lectora de la proclama enfatizó que «no hay desarrollo posible» si los niños y jóvenes abandonan el sistema educativo, ni «igualdad de oportunidades» sin una educación de calidad. Tampoco existe «seguridad duradera» si generaciones enteras carecen de herramientas para integrarse al mundo laboral y a la sociedad. La educación, sostuvo, es la política «social, de seguridad y productiva» fundamental del país. Cada joven que no accede a ella representa «un fracaso colectivo y una oportunidad perdida», y su defensa es una «responsabilidad nacional» con las futuras generaciones.
En este contexto, se demandó la creación de «rutas, puentes y conectividad digital que integren de verdad al interior profundo con los centros de consumo y salida al mundo». Asimismo, se exigió que el presupuesto se concrete en «servicios de salud y educación de calidad en todo el territorio, y no solo en oficinas concentradas en la capital».
Adicionalmente, USU «reafirmó no querer privilegios», sino «reglas de juego claras» que impidan modificaciones en las condiciones impositivas o laborales a mitad de camino, dado que la inversión precisa «previsibilidad a largo plazo». Se instó a la «seguridad», esencial para proteger el trabajo y la propiedad, advirtiendo que «sin seguridad jurídica ni física, no hay inversión posible».
La proclama concluyó proponiendo un «compromiso nacional para bajar el costo país de forma estructural», calificándolo como un asunto de «supervivencia nacional», no partidario. Se enfatizó que, para garantizar el futuro, el esfuerzo debe distribuirse «con justicia», y que el «sector público debe ajustarse con la misma rigurosidad» que el privado. Por ello, USU anunció que consultará a «cada legislador, a cada representante del pueblo y a cada ministro» sobre sus acciones para aliviar la carga del Uruguay que trabaja, y que «hará públicas sus respuestas o sus silencios».
