13 de febrero de 2026, 19:40hs
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, analizó este viernes la decisión gubernamental de rescindir administrativamente el contrato entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama. Esta medida, explicó, se fundamenta en los «graves incumplimientos jurídicos» que la empresa ha cometido de forma reiterada.
En diálogo con Subrayado, Díaz se refirió al quebrantamiento contractual debido a la falta de presentación de una garantía de fiel cumplimiento válida y a la entrega de documentación que resultó ser falsa. «La empresa no solamente presentó una garantía espuria, sino que además falló en su obligación de mantenerla vigente durante el plazo acordado», indicó.
El jerarca explicó que Cardama fue debidamente notificada sobre la falsedad de la garantía, la resolución adoptada y la intención de proceder con una denuncia penal. Díaz afirmó que «en ningún momento el astillero manifestó formalmente la intención de sustituir esa garantía».
El prosecretario enfatizó que Cardama nunca proporcionó una garantía alternativa de forma oficial, por lo que «hasta el día de hoy el Estado uruguayo carece de una garantía de fiel cumplimiento».
En relación con la garantía de reembolso financiero, cuyo fin es asegurar que el dinero entregado por el Estado al astillero se destine efectivamente a la construcción de las dos patrullas oceánicas, el gobierno constató que la documentación presentada por Cardama no era una póliza genuina. Díaz detalló que, al consultar a los asesores legales de la aseguradora, se confirmó la existencia de una póliza, pero se aclaró que el documento presentado por el astillero no era la misma. Al requerir la póliza real, se obtuvo un documento «completamente diferente» al inicialmente provisto, y esta póliza original «no parece cumplir con lo establecido en el contrato» al permitir su reducción solo tras la entrega del primer buque.
Díaz agregó que la aseguradora solicitó al astillero una contragarantía de aproximadamente 3 millones de euros. De los documentos se desprende que «esos 3 millones de euros, en realidad, fueron pagados con dinero del Estado uruguayo», a través de tres desembolsos de aproximadamente un millón de euros que coincidieron con el cumplimiento de hitos. Esto sugiere que «parte del dinero destinado a la construcción de los buques se utilizó para constituir una contragarantía».
El prosecretario remarcó que el contrato con Cardama, un acuerdo de suministro celebrado bajo el marco del TOCAF, se rescinde administrativamente por «incumplimiento grave», amparado en el artículo 70. «Por lo tanto, a partir de la notificación de hoy, el contrato deja de existir», puntualizó.
Con respecto a la audiencia de conciliación, fijada para el 16 de marzo, Díaz aclaró que la citación provino del Ministerio de Defensa Nacional. Como abogado, analizó que la audiencia «carecería de objeto» dada la inexistencia del contrato tras su rescisión. «El Estado uruguayo ya tomó una decisión», reiteró.
Díaz sostuvo que Cardama fue notificada de la resolución y que, en el proceso administrativo, se le dio vista en dos oportunidades para que respondiera, pero sus respuestas «no tuvieron que ver con lo que se le estaba dando vista».
Consultado por las críticas de la oposición, que califican la decisión como política, Díaz enfatizó que se basa en «argumentos jurídicos y técnicos». «Lo que la oposición plantea es una especie de debate político. Este se dará, como corresponde, en el Parlamento», afirmó.
El jerarca presidencial delineó cuatro ámbitos de responsabilidad: la **política**, que compete al Parlamento, donde podría formarse una comisión investigadora; la **penal**, que es resorte exclusivo de la Fiscalía tras la denuncia del Poder Ejecutivo; la **administrativa**, que implica eventuales investigaciones internas, como las ya concluidas del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República, y la pendiente del Ministerio de Defensa Nacional; y la **civil**, que se iniciará con una demanda del Estado uruguayo contra Cardama por los daños y perjuicios sufridos, buscando recuperar los aproximadamente 28 millones de euros invertidos.
Temas de la nota: Jorge Díaz, Astillero Cardama, Contrato estatal.
