Durante el año 2025, Uruguay experimentó un notorio incremento en los delitos de abigeato, pasando de 867 a 970 casos denunciados, según datos divulgados por el Ministerio del Interior. Este aumento, que representa un crecimiento cercano al 12%, ha generado una profunda preocupación entre los productores ganaderos, quienes expresan su lamento por lo que describen como un «relajamiento» o «debilitamiento» en la eficacia de la gestión policial en las zonas rurales. La tasa de denuncias por cada 100 mil habitantes también subió, de 24.2% en 2024 a 27% en 2025.
Estas cifras, presentadas a finales de enero de 2026 por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del MI en un informe preliminar, confirman la tendencia alcista de este flagelo que históricamente ha afectado al sector agropecuario, posicionándose como uno de sus mayores desafíos.
**La Visión de la Federación Rural**
Rafael Normey, presidente de la Federación Rural (FR), contextualizó la situación, señalando que, durante la administración gubernamental previa, se observó una disminución en los casos de abigeato. Atribuyó este éxito inicial a la creación de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, bajo la gestión del exministro Jorge Larrañaga, y a la activa participación de las comisiones departamentales, lo que generó «resultados positivos y una reducción considerable» en el delito.
Sin embargo, Normey indicó que hacia el final de aquel período, se percibió «una relajación» en los esfuerzos, una «sensación de baja de la guardia» y de la presión ejercida. Evidencia de ello fue la virtual inactividad de la comisión nacional durante 2024, cuya reactivación en 2025 se logró por iniciativa de la propia Federación Rural, tras su Congreso. El presidente de la FR especuló que la creciente complejidad de la seguridad a nivel nacional podría haber desviado recursos y atención hacia las zonas urbanas, generando una «desatención» indirecta en el ámbito rural.
Para Normey, la estrategia de seguridad rural no requiere de grandes innovaciones, sino de una «mayor presencia policial efectiva», un «vínculo estrecho con los vecinos» y una «coordinación interinstitucional robusta». Subrayó que las intendencias pueden ser clave en la detección de circuitos de «carne y chorizo barato», considerado un indicio fundamental para la investigación. La inteligencia, el patrullaje constante y la colaboración de entidades como Bromatología y el Instituto Nacional de Carnes (INAC) son esenciales para combatir el abigeato «en toda su cadena, desde el campo hasta la carnicería ilegal».
El líder gremial lamentó que el año anterior estuvo marcado por «situaciones de extrema gravedad», incluyendo «copamientos violentos» que derivaron en el robo de ganado y maquinaria, así como agresiones a productores, incluso con el uso de armas de fuego.
Si bien algunas comisiones departamentales de seguridad rural han retomado un funcionamiento regular y efectivo, en otras persiste la dificultad para consolidar el trabajo, reconoció Normey. Insistió en que, aunque vitales, estas comisiones no sustituyen la «necesidad primordial de una mayor y más visible presencia policial en las áreas rurales críticas».
Claro está que 2025 no fue un año favorable para la seguridad rural, y se espera que «2026 marque un punto de inflexión con un reforzamiento de las acciones», ya que «no se transita por el camino adecuado». La Federación Rural, por su parte, se mantiene en una «situación de monitoreo constante y preocupado», no descartando «otras medidas» si la situación no mejora, en el marco del diálogo con las intendencias y sus delegados departamentales.
**La Importancia de Denunciar Pese al Descreimiento**
Finalmente, Normey hizo un llamado a los afectados para que, a pesar de la posible desilusión, «realicen siempre la denuncia». Argumentó que la existencia de estas notificaciones es «fundamental» para dimensionar el problema. A su juicio, las estadísticas oficiales subestiman la verdadera magnitud del abigeato, ya que «muchos productores no denuncian», lo que sugiere que la situación es «aún más grave de lo que los números reflejan».
Concluyó que, si bien la inseguridad es un problema que «azota a todo el país» y no es exclusivo del ámbito rural, el campo «no es ajeno a esta problemática». Existe un «cansancio y temor» generalizados entre los productores, exacerbados por la evolución del delito: ya no se trata solo del robo de ganado, sino de «violentos copamientos e incluso agresiones con armas de fuego», lo que genera «sensaciones mucho más alarmantes» que las de un simple hurto.
